NO a la “congelación” de las pensiones.
Las pensiones son un instrumento de redistribución de la riqueza y motor económico que crea empleo. Las pensiones contributivas no generan déficit. La congelación de pensiones afectará a 3 de cada 4 pensionistas. Las pensiones medias actuales ya son muy bajas. Nunca desde 1976 se habían congelado las pensiones. La congelación de las pensiones supone la primera vulneración de los Acuerdos del Pacto de Toledo. La congelación de las pensiones contributivas es un ataque a derechos sociales conseguidos por los sindicatos. Hay alternativas al recorte en las pensiones. La “congelación” crea incertidumbre injustificada sobre la solvencia del Sistema Público de Pensiones. El gasto público en pensiones en España está por debajo de la media de Europa.
Nunca desde 1976 se habían congelado las pensiones. A pesar de las crisis que hemos atravesado en las últimas décadas, y de las tensiones económicas y políticas a las que ha estado sometido nuestro Sistema de Pensiones, nunca se había tomado la medida de congelar las pensiones. La congelación de las pensiones supone la primera vulneración de los Acuerdos del Pacto de Toledo. El Gobierno ha vulnerado el apartado 11 del Pacto de Toledo, que establece que “debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo y a través de fórmulas estables”. La congelación de las pensiones contributivas es un ataque a derechos sociales conseguidos por los sindicatos. La congelación de las pensiones contributivas atenta contra varios derechos sociales adquiridos gracias a los Acuerdos de pensiones promovidos por los sindicatos: El Acuerdo de Pensiones de 1996, firmado por los sindicatos, garantiza una fórmula de revalorización automática que asegura un incremento calculado sobre el IPC previsto y la recuperación del poder adquisitivo si la inflación real fuese superior a la previsión inicial. La fórmula es: Revalorización = Previsión % IPC para el año entrante + Desviación % IPC real año anterior La fórmula de 1996 también eliminaba la posibilidad que había existido hasta entonces para que las pensiones “bajasen” (absorbiesen en el año siguiente), cuando la previsión de inflación fuese superior a la inflación real, como ha ocurrido por ejemplo en el año 2009. Hay alternativas al recorte en las pensiones. En CCOO somos conscientes de que un déficit excesivamente grande es perjudicial para la economía y los ciudadanos. Sin embargo, el control de dicho déficit puede hacerse de forma diferente a la línea de recortes sociales que ha propuesto el Gobierno. CCOO ha presentado una serie de medidas alternativas que pueden ayudar al control del déficit sin que supongan un recorte en los derechos sociales de la gente: La reducción en el gasto que el Gobierno ha previsto como resultado de la congelación de las pensiones contributivas se ha cifrado en 1.500 millones de euros anuales. Sin embargo, tan sólo con recuperar el recientemente eliminado impuesto sobre el patrimonio y sucesiones supondría volver a recaudar 1.800 millones de euros anuales. La “congelación” crea incertidumbre injustificada sobre la solvencia del Sistema Público de Pensiones. Las pensiones públicas y el Sistema de Seguridad Social son uno de los principales instrumentos de redistribución de la riqueza y una herramienta básica de solidaridad entre generaciones y territorios. Mediante las cotizaciones sociales, los trabajadores en activo, al tiempo que generan un derecho a su futura pensión, pagan las pensiones de los pensionistas actuales, con independencia de su edad, condición y lugar de residencia. La no revalorización de las pensiones contributivas suponen un ataque a nuestro modelo de pensiones públicas y de reparto basado en cotizaciones sociales. Mediante una decisión política del Gobierno se pretende generar incertidumbre en la población sobre la solvencia del sistema público de Seguridad Social, pese a que la revalorización de las pensiones está garantizada económica (cotizaciones sociales y Fondo de Reserva) y legalmente (artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social). El gasto público en pensiones en España está por debajo de la media de Europa. El recorte en pensiones tampoco se justifica cuando comparamos el gasto público que España destina a la protección de los jubilados y pensionistas, nuestro país invierte un 3% del PIB menos que lo que lo hace la media de la Unión Europea
